PJE comprometido a contribuir a la estabilidad y la paz social de la entidad

La Magistrada Presidenta María Manuela García Cázares, rindió su primer informe de labores al frente de este Poder del Estado.
La impartición de justicia debe ser abierta e inclusiva, más aún en los tiempos actuales.

Al rendir su primer informe de labores como Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura, la Magistrada María Manuela García Cázares reiteró su compromiso para que la labor jurisdiccional contribuya a la estabilidad, la paz social de la entidad, y a garantizar el respeto a los derechos de las personas que en ella viven.
En la sesión de Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en la cual se cumplió con la obligación constitucional de rendición de cuentas, se contó con la presencia del Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y de la Presidenta del Congreso del Estado, Dolores Eliza García Román, magistradas, magistrados, consejera y consejeros de la Judicatura, juzgadores, además de representantes de diversos sectores de la sociedad.
La Magistrada Presidenta María Manuela García Cázares agradeció la colaboración de los Poderes Ejecutivo y Legislativo “con quienes hemos establecido relaciones de respeto mutuo en beneficio de nuestra comunidad y dirimido los posibles desacuerdos mediante el diálogo y el entendimiento”, agregando que la coordinación establecida será necesaria para el cabal cumplimiento de la función del Poder Judicial.
Dijo que desde el inicio de las funciones que le fueron conferidas como Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, asumió el compromiso de coadyuvar con una administración de justicia abierta e inclusiva, “no concibo el desempeño de la impartición de justicia de otro modo, más aún en los tiempos actuales”.
Agregó que en el interior de juzgados y tribunales suele prevalecer la disparidad de criterios en la interpretación del derecho y aplicación de las normas, “pero nos hemos comprometido con que las resoluciones que aquí se dictan sean concordantes con los estándares más altos de protección de derechos que contiene nuestro bloque de constitucionalidad, mediante la incorporación de enfoques diferenciados como la perspectiva de género, la intercultural, la de inclusión de discapacidades, la de niñez y adolescencias”.
En su mensaje, la Magistrada Presidenta dijo que frente al creciente descrédito que padecen las instituciones públicas en la sociedad, se ha emprendido un trabajo de redignificación de la labor judicial, acercando el conocimiento de los derechos a la ciudadanía, pero también asumiendo que la labor institucional “se dirige a mejorar las condiciones de vida cotidiana de las personas que depositan su confianza en nuestros juzgados y tribunales, porque en nuestras actividades tratamos con asuntos que comprometen la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio y el bienestar de las personas”.
Una adecuada administración de justicia, garantiza la efectividad de los derechos de todas las personas, por ello, los esfuerzos emprendidos en el primer año de la gestión de la Magistrada María Manuela García Cázares al frente del Poder Judicial del Estado se han encaminado a la consolidación de un sistema de justicia de igualdad y equidad, con una ruta encaminada a 5 ejes principales: Justicia abierta e inclusiva, Fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, Gestión judicial con perspectiva de género y derechos humanos, Profesionalización de impartidoras e impartidores de justicia e, Innovación en tecnología y seguridad.
Acciones relevantes
En cumplimiento a la función de impartir justicia, los órganos jurisdiccionales reportaron la siguiente actividad: el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, integrado por 9 magistradas y 7 magistrados, resolvió 653 asuntos en 54 sesiones; al resolver estos asuntos, se generaron razonamientos de relevancia sobre distintos tópicos, y criterios jurisprudenciales vinculantes para los órganos del Poder Judicial; en las Salas de Segunda Instancia, las magistradas y los magistrados resolvieron un total de 1,778 asuntos civiles y 448 en materia penal, siendo que únicamente, el 5% de las sentencias que fueron apeladas, fueron modificadas por la autoridad federal.
Se destaca que la justicia penal tiene un alto nivel de efectividad en San Luis Potosí; fueron desahogadas 15,972 audiencias, alcanzando la cifra histórica de 152 audiencias desahogadas en un solo día en la sede San Luis Potosí, y 204 en el interior de la entidad.
Se logró que, de un 40% de diferimiento de audiencias que se registraba en octubre de 2022, para el mes de septiembre del presente año, se redujo hasta un 20%, siendo que, únicamente el 6% de esos diferimientos, obedece a causas imputables al Poder Judicial; con el Acuerdo General que establece lineamientos generales, en materia de notificaciones electrónicas, del sistema penal acusatorio y oral, fue posible agilizar las notificaciones penales, evitando así, el diferimiento innecesario de audiencias.
Corroborando la eficiencia del sistema de justicia penal en el Estado, se logró la renovación de la certificación del sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001:2015.
En lo que respecta a juzgados civiles de la capital, tienen en trámite más de 9,000 asuntos, y desahogaron durante el año 2,158 audiencias, lo cual representa el desahogo de 15 audiencias diarias en promedio.
Los juzgados mercantiles tramitaron 17,923 asuntos, y los juzgados familiares, más de 22,520, habiendo celebrado un total de 204 convenios en sede judicial, acercando el uso de los métodos alternativos de solución de controversias, desde el propio juzgado. En el interior del Estado, hay un total de 19,366 asuntos, en las diversas materias.
El Tribunal Laboral del Estado, reportó más de 3,400 procedimientos, habiéndose desahogado en el periodo un total de 1,556 audiencias, lo que refleja un aproximado de 8 audiencias desahogadas diariamente; derivado de las buenas prácticas, la asociación TECLAB, financiada por la Agencia Estadounidense para la Implementación de la Justicia Laboral, eligieron a este Tribunal, como piloto para implementar políticas de avance encaminadas al mejoramiento del sistema de justicia laboral.
Entre los resultados de la gestión judicial con perspectiva de género y derechos humanos destaca la transversalización de la perspectiva de género en todas las áreas y en todos los niveles; desde la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, se realizaron mesas de trabajo y de coordinación interinstitucional, para el monitoreo de las órdenes de protección y la respectiva evaluación de riesgo, tema en el que se emitieron 1031 órdenes de protección, 486 por parte del Juzgado Especializado en órdenes de protección de emergencia y preventivas en favor de las mujeres y de procedimientos no controvertidos; y 545 dictadas por Juzgados Familiares y de Primera Instancia.
Para la difusión de los criterios jurisdiccionales con perspectiva de género y de derechos humanos, se tienen publicadas sentencias relevantes en el micrositio de la mencionada Unidad y, en cumplimiento con la obligación de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, se capacitó a todas las juezas y jueces con una evaluación diagnóstica previa y posterior al curso, para conocer el estado emocional y avances en el conocimiento de quienes operan la justicia.
Un servicio que ha generado importante utilidad se deriva del convenio con la Secretaría General de Gobierno para establecer un módulo de comunicación interinstitucional entre el Poder Judicial, Periódico Oficial del Estado, Dirección del Registro Civil y Dirección del Notariado, permitiendo el envío y recepción de edictos electrónicos mediante el Sistema Informático para el Control de Expedientes Electrónicos (SICEE), con esta tecnología, las personas usuarias pueden gestionar edictos, desde la comodidad de sus oficinas.
Se creó el Módulo de deudores alimentarios morosos, este padrón contaba con 36 personas deudoras alimentarias morosas inscritas, al cierre del mes de noviembre.
Resultado de conversatorios y diálogos interinstitucionales con el organismo México Evalúa, la Fiscalía General del Estado, la Defensoría Pública, la Comisión de Atención a Víctimas, así como asociaciones de abogadas y abogados, integrantes de la academia, colectivos y sociedad civil, se presentaron al Poder Legislativo, 2 proyectos de reforma, que buscan extinguir tipos penales en hechos que pueden ser resueltos a través de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo que permitirá que los juicios y audiencias de control, se enfoquen en delitos de mayor impacto.
Además, con el acompañamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, “USAID”, se crearon comités de revisión y análisis, de audiencias en las que hayan estado involucradas personas de grupos de atención prioritaria, con las observaciones emitidas, se generó una capacitación especializada para juezas y jueces de Control, centrada en diversos enfoques de justicia adaptada, lo cual permite contar con personas juzgadoras más capaces y sensibles a los temas de derechos humanos.