Adriana Urbina vota en contra de Anteproyecto de Ley de Ingresos Municipal 2026

La regidora de San Luis Potosí por Movimiento Ciudadano, MC, Adriana Urbina Aguilar, votó en contra del Anteproyecto de la Ley de Ingresos 2026, debido a que vienen incrementos que afectarán considerablemente la dinámica de los potosinos. Fijó está postura ante el Cabildo porque parte ha sostenido en su quehacer de representante popular desde el inicio de la administración que, cuidar es gobernar.
Aclara que la responsabilidad de una representante popular va más allá del reconocimiento técnico porque implica analizar el impacto real que cada medida tendrá en la vida diaria de las familias potosinas. Su primera preocupación fue en torno al impuesto predial, ya que señaló que el incremento en los valores unitarios del suelo y los cambios en la tabla de cobro podrían afectar a más de 250,000 viviendas en la capital potosina. Para ella, estas cifras representan familias reales que deberán enfrentar mayores cargas económicas en un contexto de inflación persistente y servicios básicos cada vez más costosos.
Un segundo punto crítico fue la incorporación de una nueva tabla de cobro para predios industriales, presentada al cierre del proceso, en este se observó falta de claridad sobre su impacto potencial, lo que genera incertidumbre en uno de los sectores productivos más relevantes de la ciudad.
También manifestó su preocupación por la creación de nuevos cobros relacionados con dictámenes para licencias de funcionamiento, que podrían convertirse en cargas adicionales para pequeños y medianos comercios, sin distinguir adecuadamente entre negocios de diferente tamaño. Además, permanecen rangos amplios de cobro sin criterios definidos, lo que abre espacio para interpretaciones discrecionales y carece de certeza jurídica para la ciudadanía.
Estas medidas se dan en un contexto económico adverso, con una inflación prolongada, aumentos en luz, agua y gas, encarecimiento de alimentos y un deterioro constante del poder adquisitivo. Por ello, defendió que su voto no es en contra de la Tesorería Municipal ni del trabajo técnico realizado, sino de un instrumento que podría impactar significativamente a hogares, comercios e industria.
“Es una postura responsable y congruente con mi compromiso de proteger la economía familiar y de las más de 250 mil familias que podrían verse afectadas, así como a los pequeños comerciantes que enfrentarían nuevos costos. Representa también las causas de las personas con discapacidad, adultos mayores y grupos prioritarios, a quienes considera esenciales en la construcción de una política pública incluyente”.
Finalmente, exhortó a que, cuando el proyecto llegue al Congreso del Estado de San Luis Potosí, sea evaluado con profundidad, de manera crítica y objetiva, para corregir aspectos que podrían poner en riesgo el bienestar económico de la población.