Exhiben parálisis y negligencia de la Fiscalía de SLP en el caso de Zoé Zuleica
CEDH Coludida con la fiscalía para evitar amonestación a las autoridades responsables.
A más de una década de impunidad, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí parece ser protegida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ante quien se interpuso una queja por incurrir en graves omisiones administrativas y una absoluta parálisis técnico-jurídica en la búsqueda de la menor Zoé Zuleica Torres Gómez.
La defensa jurídica de la familia de la víctima busca esarticular la contestación oficial de la institución, evidenciando que las autoridades ministeriales mantuvieron en el abandono el canal de cooperación internacional con la INTERPOL, permitiendo que la “Ficha Amarilla” de localización global quedara congelada e inoperante por años.
A pesar de que la propia representación social reconoce en sus carpetas que la principal línea de investigación apunta a que la menor pudo haber sido trasladada de forma ilegal hacia los Estados Unidos, el informe institucional revela una preocupante ausencia de gestiones diplomáticas, cartas rogatorias o confrontas de datos biométricos con agencias homólogas del extranjero.
La indolencia institucional quedó plasmada de manera grotesca en los propios materiales de difusión masiva emitidos recientemente por la Dirección de Comunicación Social de la Fiscalía.
Esta alarmante falta de rigor técnico no solo vicia el reconocimiento de la menor por parte de la sociedad civil y entorpece las brigadas de localización, sino que vulnera de forma directa el principio constitucional del Interés Superior de la Niñez, demostrando que la vida de una infancia desaparecida se encuentra supeditada a criterios burocráticos y descuidos de escritorio que perpetúan el sufrimiento emocional de su familia.
El origen de este agravio sistemático se remonta a la madrugada del 27 de diciembre de 2015, cuando Zoé Zuleica, con apenas 5 años de edad, desapareció al exterior de un salón de fiestas ubicado en las inmediaciones de la colonia Rivas Guillén, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.
Desde ese instante, el entorno familiar de la menor ha tenido que fracturar su vida para asumir de manera solitaria y contracorriente las tareas de rastreo que le corresponden al Estado.
A casi once años de distancia de aquel suceso, la exigencia de verdad permanece intacta, confrontando a una estructura de justicia que, en lugar de desplegar una búsqueda exhaustiva y permanente, responde con simulaciones procesales reactivas que profundizan la herida de una madre que nunca ha dejado de buscarla
