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CARTAPACIO: EL MEDIADOR

CARTAPACIO: EL MEDIADOR

Por Raúl Ruiz/Kriptón.mx

  • En el problema de la mega protesta nacional campesina y de transportistas.

Los campesinos y transportistas no están rechazando el diálogo por capricho; sus demandas son concretas: seguridad en carreteras, freno a extorsiones y precios justos para sus productos.

El gobierno dice que hay mesas abiertas, pero los manifestantes sienten que esas mesas no han dado resultados reales.

¿Qué exigen los campesinos y transportistas?

Seguridad en carreteras.

Los transportistas denuncian entre 54 y 70 robos diarios de mercancías y unidades, además de extorsiones en retenes de policías municipales y estatales.

Precios justos para el campo.

Los campesinos reclaman que sus productos se pagan a precios bajos, lo que los deja en desventaja frente a intermediarios y cadenas comerciales.

Fin a la impunidad.

Señalan que las denuncias por asaltos y extorsiones rara vez prosperan, lo que genera un clima de indefensión.

Respuestas inmediatas.

Consideran que las mesas de diálogo han sido lentas y poco efectivas, por lo que recurren a bloqueos como medida de presión.

 

Dimensión de la protesta.

El 24 de noviembre de 2025 se realizaron bloqueos en al menos 25 estados del país, afectando carreteras estratégicas como la México-Querétaro, México-Puebla y la Panamericana.

Participan organizaciones como la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y el Movimiento Agrícola Campesino (MAC).

La consigna es clara: “No habrá paso para nadie” hasta que el gobierno atienda sus demandas.

El choque narrativo.

Aquí está el punto clave.

•⁠ ⁠El gobierno insiste en que las mesas de diálogo están abiertas y que los manifestantes “no quieren razonar”.

•⁠ ⁠Los campesinos y transportistas responden que llevan semanas en esas mesas sin resultados, y que la inseguridad y los precios injustos no pueden esperar.

En otras palabras, no es que rechacen el diálogo, sino que lo consideran estéril.

De ahí que recurran a la protesta masiva como forma de visibilizar la urgencia.

Lectura crítica.

Lo que vemos es un clásico conflicto de legitimidad.

•⁠ ⁠El gobierno busca proyectar apertura institucional.

•⁠ ⁠Los sectores movilizados dramatizan la ineficacia del Estado en garantizar seguridad y justicia económica.

En el fondo, la protesta no es irracional: es una estrategia de presión frente a un Estado que, según ellos, ha normalizado la violencia en carreteras y la precariedad en el campo.

Hasta aquí, veo muy justificable la protesta.

Sin embargo, uno de los factores ocultos detrás de las protestas, es el chirrionazo de la Nueva Ley General de Agua.

Campesinos y transportistas temen que la reforma centralice el control del agua, limite concesiones y favorezca a grandes productores (como los de nuez), mientras criminaliza prácticas tradicionales del campo.

¿Qué plantea la nueva Ley de Aguas?

•⁠ ⁠Centralización del recurso:

La iniciativa impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum busca que el Estado tenga mayor control sobre la distribución del agua.

•⁠ ⁠Separación tierra–agua:

Se propone que la propiedad de la tierra no garantice automáticamente el acceso al agua, lo que genera incertidumbre entre campesinos.

•⁠ ⁠Criminalización de prácticas rurales:

Productores denuncian que actividades tradicionales podrían convertirse en delitos, con multas de hasta 7 millones de pesos y penas de cárcel.

•⁠ ⁠Fin al acaparamiento:

Morena defiende la ley diciendo que busca frenar privilegios de grupos que concentran el agua, garantizando acceso equitativo.

El caso de los productores de nuez.

•⁠ ⁠En estados como Chihuahua y Aguascalientes, los grandes productores de nuez y otros cultivos de exportación han sido señalados por acaparar agua de riego.

Los campesinos pequeños y medianos temen que la nueva ley no corrija esa desigualdad, sino que la institucionalice, al dar prioridad a quienes ya tienen capacidad de negociación y presión política.

El argumento oficial es que la ley busca “quitar privilegios”, pero los manifestantes creen que en la práctica los grandes seguirán teniendo acceso preferente mientras los pequeños quedan vulnerables.

El choque de narrativas.

•⁠ ⁠Gobierno: “La ley garantiza el derecho humano al agua y frena el acaparamiento”.

•⁠ ⁠Campesinos y opositores: “La ley despoja a los pequeños productores, convierte al campesino en delincuente y favorece a los grandes”.

Este contraste explica por qué la protesta no se limita a la inseguridad en carreteras.

Hay un trasfondo de desconfianza hacia la redistribución del agua, que toca fibras patrimoniales y culturales.

El Arca del Noé Agroindustrial

En México no llueve, pero diluvia política.

La llamada Nueva Ley de Aguas se presenta como el gran acto de justicia hídrica, pero los campesinos la leen como un decreto celestial: el agua ya no será patrimonio de la tierra ni de la comunidad, sino boleto de entrada a un arca selecta.

El arca, por supuesto, no es de madera ni de fe, sino de nuez.

Los grandes productores de este fruto seco —que en Chihuahua se volvió más duro que el cascarón de la democracia— son los primeros pasajeros.

Mientras tanto, los campesinos pequeños miran desde afuera, empapados, con la sospecha de que el diluvio no es natural, sino legislativo.

El gobierno insiste: “abrimos mesas de diálogo”. Pero esas mesas parecen más bien mesas de cantina, donde se sirve agua mineral a los poderosos y se deja a los demás con la boca seca.

Los transportistas, que ya padecen carreteras convertidas en junglas de asaltos, ahora deben enfrentar la sequía burocrática: ni seguridad ni agua, sólo promesas que se evaporan.

El Noé agroindustrial levanta su voz: “¡Suban al arca los que tienen concesión, los que exportan, los que facturan en dólares!”.

Afuera, los campesinos escuchan el trueno de las multas millonarias y las penas de cárcel por regar como lo hicieron sus abuelos.

El diluvio no es de agua, sino de decretos.

Y así, mientras el Estado presume que con la nueva ley se acabará el acaparamiento, los campesinos sospechan que lo único que se acabará es su derecho ancestral.

El agua, que debería ser símbolo de vida, se convierte en arma política: quien controla la llave, controla la cosecha, la carretera y hasta el voto.

En este país, el mito bíblico se reescribe: el arca no salva a la humanidad, sino a los agroempresarios de nuez.

El campesino queda en tierra firme, pero firme en la sequía.

Y el gobierno, como buen narrador del diluvio, asegura que todo es por el bien común, mientras el agua se reparte como privilegio.

Mientras el caos crece, entre la turbulencia, hace acto de presencia el mediador celestial.

Ricardo Monreal, quién a río revuelto, va por su tajada de poder.

“Venid hijos míos, que yo, desde el Congreso, habré de impartir justicia con los ajustes necesarios a la Ley.”

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raul.ruiz@kripton.mx

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