La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Adriana Urbina Aguilar, se abstuvo de votar por la propuesta presupuestal para el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), que dictaba que el municipio debía destinar 44 millones de pesos para indemnizar a un corporativo privado por daño patrimonial derivado de actos administrativos cometidos hace tres años. El motivo fue que no había suficiente información jurídica ni técnica para sustentar estos gastos. “Mi respuesta es clara, porque mi deber como representante ciudadana es estudiar a fondo todos los asuntos que se presentan ante Cabildo, y porque cuando detectó que pudiera haber irregularidades graves, no puedo validar propuestas sin sustento técnico ni jurídico”. Su abstención no fue una evasión de responsabilidad, sino una acción fundamentada, al considerar que, en base a los documentos proporcionados en la Comisión de Hacienda, desde abril de 2025, el Ayuntamiento ya recibía oficios del TEJA sobre el cumplimiento de una sentencia por más de 44.6 millones de pesos. Sin embargo, en comisiones internas y en varias sesiones que se llevaron a cabo, se expresó a la comisión que no se conocía el fondo del tema, llegando incluso a ejemplificar el caso como si se tratara de “rines dañados por baches”. A la par, se contestaban oficialmente requerimientos del Tribunal sobre dicha sentencia, lo que demuestra una desinformación sistemática hacia las y los integrantes del ayuntamiento “a mí no me parece ético ni legal avalar una propuesta cuando hay evidencia documental de que se nos ocultó información, y cuando el propio Cabildo no fue enterado oportunamente de la gravedad del tema. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales”. Explicó que el origen del caso se remonta a una autorización de fraccionamiento en la administración 2015-2018, y que en los documentos anexos al expediente se hace referencia a dicha fecha “estamos ante un tema que tiene antecedentes formales de autorización del fraccionamiento desde agosto de 2018. Sin embargo, en los documentos que nos entregaron en la primera sesión de la comisión a finales de junio de este año, al documento a discutir en comisión se le retiraron los antecedentes relacionados con el cumplimiento de sentencia, lo cual considero muy delicado, que claro, ante las diversas discusiones que tuvimos en la comisión, después se agregaron”. La propuesta enviada al Cabildo contempla sólo 7.5 millones de pesos para cumplir con una sentencia de 44.6 millones más actualizaciones, sin explicar cómo se cubrirían los 37 millones restantes ni si existiera un plan acordado con el Tribunal. “Presupuestalmente no es viable, jurídicamente es riesgosa, y políticamente puede terminar en responsabilidades administrativas o patrimoniales para quienes la hubieran aprobado sin justificación”. Desde el mes de junio, cuando se les informó de forma parcial en comisiones, solicitó formalmente que se diera vista a la Contraloría Interna Municipal para investigar las irregularidades que pudieran haber ocurrido, en los procedimientos realizados y en el manejo de la información. “Se perciben omisiones que deben ser investigadas. No se trata de culpar por culpar, además de que no somos la instancia facultada para ello, pero sí de exigir al ente competente se investiguen las responsabilidades a quien haya incurrido en actos que puedan comprometer jurídica y patrimonialmente al Ayuntamiento. Indiscutiblemente reconozco que es una sentencia que debe cumplirse, pero también reconozco que no se puede cumplir con verdades a medias. Como regidora, mi compromiso es con la legalidad, con la transparencia y con la ciudad, no con proteger simulaciones. Por eso me abstuve, porque no pienso convalidar un procedimiento mal llevado a cabo desde su inicio”. Asevera que no trata de oponerse al fortalecimiento de la seguridad o de las áreas que requieren equipamiento, al contrario, siempre ha sido un tema en el que ha insistido mucho, se trata más bien de asegurar que las decisiones que toman en el Cabildo estén basadas en suficiente información y apegadas a la normativa, sólo así se podrá responderle a la ciudadanía con la confianza y la seriedad que merece.