Concluyó programa de capacitación obligatorio para juezas y jueces en temas de derechos humanos

Al concluir el programa de capacitación a juezas y jueces de todas las materias y de todos los distritos judiciales en temas de derechos humanos y perspectiva de género, la Magistrada María Manuela García Cázares, Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura dijo que “el acceso a la justicia, debe estar garantizado, de parte de los operadores del sistema, para todas las personas, en todos los ámbitos”.
Agregó que es crucial reconocer que la perspectiva de género no se trata simplemente de la protección hacia mujeres, se precisa “comprender las complejas intersecciones entre el género, la clase, la raza, la sexualidad y otras identidades, y cómo éstas influyen en las experiencias y oportunidades de las personas en nuestra sociedad”.
Además, les pidió llevar consigo el conocimiento y la conciencia adquirida en estas capacitaciones y aplicarlos en sus vidas y comunidades, “la lucha por garantizar el derecho a la igualdad de todas las personas, no termina con este taller, sino que es un compromiso continuo que requiere la participación de todas y todos”, dijo.
En la ceremonia de entrega de constancias, la Magistrada Presidenta María Manuela García Cázares estuvo acompañada por la Licenciada Mónica Kemp Zamudio, Directora del Centro de Justicia para las Mujeres y el Maestro Eduardo Martínez Altamirano, Coordinador Estatal de Conjusticia-USAID.
Las personas juzgadoras en oralidad penal, del sistema penal tradicional, de las materias civiles, familiares, mercantiles y laboral participaron de manera obligatoria en el “Programa de Capacitación en Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres”, organizado por el Poder Judicial del Estado y en el “Taller de Fortalecimiento: “Aplicación de la perspectiva de Género y enfoque GESI en la administración de justicia” impartido por Conjusticia-USAID, los cuales se impartieron en modalidad presencial y virtual.
Este programa de capacitación, sensibilización, formación y profesionalización es una de las políticas implementadas en dichas materias, instruida por la Presidenta del Poder Judicial del Estado para dar cumplimiento a la declaratoria de alerta de violencia de género en San Luis Potosí.