Ante un gobierno avasallante, una ciudadanía activa: Organismos ciudadanos

• Llamado a la reivindicación de los derechos de los potosinos

Cuando la ciudadanía se manifiesta por sus derechos, cualquier autoridad democráticamente electa está obligada a escucharla y a atender su reclamo de manera respetuosa. Cuando una autoridad descalifica y agrede a cualquier ciudadano, así sea uno solo sin importar su filiación o convicción, por cuestionar ante instancias judiciales la legalidad de sus actos, atenta de manera grave contra las libertades y viola los derechos humanos, denigra el cargo que ocupa y traiciona la confianza de quienes participaron en el proceso electoral del que resultó ganador.

En sus primeros dos años como gobernador, Ricardo Gallardo Cardona ha mostrado su talante antidemocrático al descalificar cada vez con un mayor grado de agresividad a quienes se oponen a sus determinaciones por considerar afectados sus derechos y los de la población. Los casos más visibles son el de la rehabilitación de la Avenida Himno Nacional, donde la justicia federal impidió el ecocidio pretendido por Gallardo Cardona y salvó a más de 850 árboles de ser talados. Un segundo caso son las obras en el Barrio de San Miguelito suspendidas por juzgados federales por atentar, entre otras, contra el patrimonio histórico y cultural. En ambos casos, hubo represalias por parte del gobernador. En el primer caso, no haber realizado una rehabilitación integral que incluyera los camellones y la ciclovía, en tanto que, en el segundo, atentar contra los servicios de agua y drenaje, así como afectar la movilidad de los habitantes del Barrio de San Miguelito, especialmente los adultos mayores, al no reparar los criminales destrozos de las calles, entre otra serie de perjuicios.

Hoy se suma el caso de la reacción visceral de Gallardo Cardona ante la resolución de los magistrados del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito que suspende la posibilidad de decretar la municipalización de la Delegación de Villa de Pozos, con la siguiente declaración pública: “Por eso San Luis siempre estuvo jodido por esos grupos políticos que se autodominan (sic) civilistas y no son más que la misma porquería, siempre con las ganas de estar chingando a San Luis. Ya tuvieron la oportunidad en la capital y la desmadraron toda, entonces la verdad es que da coraje. Pero bueno, pues mira, la verdad es que ya nos divierte, ya al último del caso nos divierte porque no procede nada de lo que están, haciendo, lo hacen con las patas, son hasta muy tontos para hacer los amparos, la verdad, son de gente muy pendeja”. Expresiones que en cualquier sociedad democrática que se digne como tal encendería las alertas, ante la escalada en la agresividad del personaje y la duda razonable ante los antecedentes mencionados: ¿de qué manera se podría manifestar la represalia en este caso?

Ante la gravedad de las posibles consecuencias, las agrupaciones firmantes exigimos:

UNO. Que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona asuma con responsabilidad el cargo que ocupa, respete su protesta de cumplir a hacer cumplir la Constitución Política del Estado y sus leyes, evite faltar al respeto y las agresiones contra quien cuestiona la legalidad de sus actos, y respete a las instituciones y el Estado de Derecho.

DOS. Que las instituciones del Estado, especialmente el Poder Legislativo, y organismos autónomos como el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, se asuman como el contrapeso democrático que deben ser, dejen de actuar como empleados y meros instrumentos de un gobernador de talante antidemocrático en grados humillantes, y encaminen sus actos a una auténtica representación de los intereses de la ciudadanía.

En consecuencia, hacemos un llamado a las instancias estatales y federales de protección a los derechos humanos, a las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, y cualquier organismo afín, a estar atentos a los actos que se pudieran derivar de las reacciones de un gobernante como Gallardo Cardona, cuyos atentados en contra de los derechos de la población escalan en nivel de agresividad.

A la población en general que podría ver inhibida su voluntad de reclamar sus derechos ante esa actitud gubernamental le decimos que tome en cuenta que, cuando la razón y el derecho asisten, es posible frenar los abusos de la autoridad, aunque ésta pretenda –a base de propaganda y manipulación de la información– hacer creer lo contrario: más de 800 árboles sobrevivientes en Avenida Himno Nacional y el freno a la destrucción de patrimonio histórico y cultural en el Barrio de San Miguelito, lo constatan. La lucha por hacer prevalecer la legalidad en la pretendida municipalización de Villa de Pozos hasta ahora sigue esa misma ruta.

El incremento en la agresividad de las reacciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona es directamente proporcional a la acumulación de acciones efectivas de reivindicación ciudadana, de tal suerte que no sólo exhibe su talante antidemocrático, sino que representa una señal clara de que –por mucho que avasalle a instituciones gubernamentales y autónomas sumisas– la soberanía del pueblo prevalece, y prevalecerá, en la medida en que se ejerza una ciudadanía comprometida.

Atentamente

FRENTE CÍVICO POTOSINO

ALIANZA EMPRESARIAL POTOSINO

CIUDADANOS HASTA LA MADRE

CIUDADANOS OBSERVANDO

FRENTE CIUDADANO ANTICORRUPCIÓN