Piden destitución de la abogada general de la UASLP por insolvencia moral y profesional

En defensa de la integridad académica en la UASLP
A la comunidad universitaria de la UASLP
En días pasados, el titular de la rectoría designó como abogada general a la profesora Urenda Queletzú Navarro Sánchez. Este nombramiento es totalmente válido y legítimo para quien tiene la encomienda de conducir una institución tan importante como la UASLP y tiene todo el derecho de integrar a su equipo de
trabajo.
Para la universidad, es un hito que una mujer esté al frente de tan importante dependencia. Sin embargo, la relevancia de este acontecimiento, que debiera ser histórico para la institución, se diluye cuando la persona designada presenta una grave falta de probidad que es menester señalar, pues lastima a la rectoría y a toda
la comunidad universitaria.
En el presente archivo, usted podrá encontrar documentos oficiales solicitados al Instituto Nacional de Ciencias Penales y a la propia UASLP, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en los que se da cuenta de que la señora Urenda Queletzú Navarro Sánchez ha usurpado durante años un grado académico que no ostenta (doctorado) y, por tanto, pone en entredicho su probidad moral y profesional.
A continuación, se enlistan los documentos obtenidos vía transparencia bajo los folios 330018924000011 y 240477624000042:
1. En el primer documento, el INACIPE, a través de su Dirección Jurídica (Unidad de Transparencia), señala que “después de realizar una búsqueda exhaustiva en el expediente del doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal de la persona plenamente identificada, no se localizó documento que dé cuenta de: a) si ha concluido el grado académico; b) título de la tesis; y c) fecha de obtención del grado.
2. En la respuesta de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí emitida por el titular de la Unidad de Transparencia, se anexan los oficios de la Secretaría Académica y de la División de Desarrollo Humano. En el primer caso, el titular de la Secretaría Académica señala que la profesora Navarro Sánchez recibió una beca
para estudios de posgrado de alta calidad otorgada por la SEP; indica que el período de esa beca comprendió de agosto de 2017 a julio de 2020; precisa el programa de posgrado cursado y el nombre de la institución (INACIPE).
Finalmente, subraya que esa Secretaría no tiene conocimiento de si concluyó o no dichos estudios.
Por su parte, la División de Desarrollo Humano, a través de su titular, remite, en primer lugar, al currículum público que, de conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, se puede consultar en la siguiente liga: http://www.cegaipslp.org.mx/webcegaip2024.nsf/0/a163e537bd62766c06258ae600 5d8bc6?EditDocument&Start=1&Count=2500&Expand=153&Seq=2 En este sitio, actualizado a enero de 2024, se encuentra el CV público de la profesora Navarro Sánchez, en el que se reporta como grado máximo el de
Maestría (ver registro 217 del archivo Excel de dicha liga).
En la respuesta de la División de Desarrollo Humano de la UASLP, también se anexa copia del título que obra en la institución como grado académico máximo.
También se anexa copia de la licencia extendida por el Secretario General de la Universidad en 2019 para que la profesora en cuestión pudiera “continuar estudios de Doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal” en el INACIPE. Cabe destacar que en ese mismo documento de licencia, el secretario general es explícito al señalar que “la continuidad en el goce de esta Licencia estará condicionada a que usted presente a la Secretaría Académica reportes satisfactorios, con la periodicidad con que se le requiera, según su programa de actividades”. Luego, entonces, no ha lugar que la Secretaría Académica responda desconocer si la profesora Navarro Sánchez concluyó o no dichos estudios.
Finalmente, se acompañan algunas capturas de pantalla que dan cuenta de cómo, durante el tiempo, la profesora Navarro Sánchez se ha ostentado como doctora sin serlo, o bien, no ha reparado en corregir las publicaciones, incluso oficiales, que le han dado ese tratamiento. En ese sentido, destacamos las imágenes 1, 2 y 3 del documento que contienen lo siguiente:
1. Publicación oficial del nombramiento como abogada general de la UASLP.
2. Organigrama oficial de la Defensoría de los Derechos Universitarios en el que aparece como doctora.
3. Felicitación oficial de la Red de Organismos Defensores de los Derechos Universitarios con motivo de su nombramiento como presidenta de la REDDU.
4. Captura de pantalla dela página web de la REDDU en el que se le reconoce como doctora.
Estos documentos son prueba fehaciente de que la profesora Navarro Sánchez ha usado por años un título profesional que no se ha ganado por derecho. En ese sentido, no omitimos señalar que, de acuerdo al Capítulo VI del Código Penal Federal vigente en nuestro país, la usurpación de funciones profesionales es un
delito. Así lo dicta el artículo 250 del citado código, que a la letra dice: Artículo 250. Se sancionará con prisión de uno a seis años y multa de uno a trescientos días a quien: II. Al que, sin tener título profesional o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada, expedidas por autoridades u organismos
legalmente capacitados para ello, conforme a disposiciones reglamentarias del artículo 5 constitucional. a) Se atribuya el carácter del profesionista. d) Use un título o autorización para ejercer alguna actividad profesional sin tener derecho a ello. e) Con el objeto de lucrar, se una a profesionistas legalmente autorizados con fines
de ejercicio profesional o administre alguna asociación profesional.
Por lo anteriormente expuesto, pedimos respetuosa pero enérgicamente al rector de la universidad que rectifique su decisión y designe a otra persona al frente de la oficina de la abogacía general de la institución, toda vez que la señora Urenda Queletzú Navarro Sánchez es insolvente moral y profesionalmente para ocupar tan digno cargo.
SIEMPRE AUTÓNOMA. POR MI PATRIA EDUCARÉ
Universitarias y Universitarios contra la Deshonestidad Académica