Despilfarran $5 mil millones en proyecto de cédula de identidad

Primera de tres partes
Al menos 5 mil millones de pesos han sido malgastados desde 2009 en el fallido proyecto de la cédula de identidad, de acuerdo con los presupuestos anuales de egresos difundidos por la Secretaría de Hacienda.

 

AGENCIAS.-El despilfarro también ha sido documentado en las cuentas públicas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación, sin que hasta ahora se haya señalado a los responsables o aplicado sanciones administrativas o penales a funcionarios involucrados.

El gobierno del panista Felipe Calderón planteó la expedición de esta cédula el 21 de agosto de 2008, en el marco del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad firmado en Palacio Nacional. Se estableció como tiempo de ejecución tres años y la entidad operadora sería la Secretaría de Gobernación. Desde entonces han desfilado por la dependencia cinco secretarios: Juan Camilo Mouriño, Fernando Gómez Mont, Francisco Blake, Alejandro Poiré y Miguel Ángel Osorio Chong, pero el resultado ha sido el mismo: desinterés e ineficiencia.

“El caso refleja por decir lo menos absoluta falta de planeación, lo mismo antes que ahora, porque Gobernación nunca ha sido capaz de explicar por qué se han derrochado tantos recursos en un programa trunco”, dice Sigrid Arzt, ex comisionada del IFAI y experta en la protección de datos personales.

El desdén persiste… Crónica solicitó a la Segob información sobre el estado actual de los 2 mil equipos especializados en la obtención de datos biométricos, los cuales fueron comprados en 2009 a la empresa Smartmatic Internacional Holding en 300 millones de pesos.

También sobre el Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP) contratado a finales de ese mismo año a las compañías Unisys de México y Axtel por un monto de 765 millones de pesos, sobre otros gastos y el futuro del proyecto.

La respuesta fue que carecía de información porque los más recientes titulares de la Subsecretaría de Población: Mercedes Guillén, y del Registro Nacional de Población: Alejandro Armenta Mier, habían renunciado a sus cargos en busca de una diputación. Las huidas paralizaron a la institución.

Para este 2015 se dispuso de 690 millones de pesos para el rubro de registro e identificación de la población, en el último eslabón de un despilfarro de siete años. “Dinero que sólo se utiliza para el supuesto mantenimiento y resguardo de los datos”, señala Arzt.

SIN FONDO. Conforme al conteo de este diario, tras la revisión de contratos, reportes, estados financieros y cuentas públicas, los 5 mil millones de pesos han incluido compra de equipo y material, contratación de personal, convenios con entidades registradoras y universidades. Además sustitución de insumos desaparecidos, modificación de instalaciones, anticipos a Talleres Gráficos de México, estudios académicos y trabajo de recuperación de datos.

¿El destino? Un saco roto…
“Hay un enorme trabajo desperdiciado, no sabemos qué se hizo con tanto dinero o a dónde fue a parar.  No fueron tres pesos. En este país se gastan recursos a manos llenas y nunca hay explicaciones ni culpables, no pasa nada”, reprocha Ángel Trinidad Zaldívar, ex comisionado del IFAI.

Y María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común y una de las principales promotoras del documento en años recientes: “Son miles de millones de pesos tirados a la basura. Y ocurre por la gran corrupción imperante, porque no hay un compromiso real de los políticos de concretar políticas públicas. Realizamos, por ejemplo, un estudio sobre el Fondo de Aportaciones Federales a la Seguridad Pública y descubrimos que el presupuesto se usa para rentar carpas o simplemente desaparece, y  como no hay consecuencia para los criminales del gobierno sigue habiendo casos fantasmas como el de la cédula”.

NACE TORCIDO. El 28 de julio de aquel 2009 Calderón anunció que la cédula contaría con la identidad biométrica de cada mexicano y desde el primer minuto se notó la urgencia. Ante la complejidad del asunto: el uso de tecnologías sofisticadas de identificación y almacenamiento masivo de datos sensibles, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) recomendó a la Segob que previo al arranque y con el fin de garantizar la seguridad del proceso, se solicitara a un consultor externo una Evaluación de Impacto a la Privacidad. Sin embargo la institución, ya con Gómez Mont al frente, ignoró el llamado —como el de otros especialistas que sugerían conformar el proyecto como un derecho civil a la identidad y no como un mecanismo de seguridad pública y control policiaco— y entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre de 2009 publicó las convocatorias de licitación para operar el SNIP y adquirir los equipos especializados en obtención biométrica.

“La Evaluación se realizó hasta después —noviembre—. Por recomendación del IFAI la hizo el especialista número uno a nivel mundial en el tema: el español José Luis Piñar Mañas, quien había sido durante de ocho años presidente de la Agencia Española de Protección de Datos Personales”, rememora Trinidad Zaldívar, entonces integrante del Instituto.

A mediados de enero de 2010 se conocieron las conclusiones del español: el principio de legalidad estaba en duda, pues “en ninguna parte del mundo, salvo en Inglaterra y de manera eventual, se captura el iris de ambos ojos”.

Un estudio posterior —28 de abril de 2010— del propio IFAI coincidió en la ilicitud y desproporcionalidad, porque ninguna norma sustantiva contemplaba la captura del referido biométrico, además de que había que limitarse a la obtención de los datos mínimos indispensables: bastaba con 10 huellas dactilares. Pidió establecer con claridad las funciones de los implicados en el trámite y someterlos a controles de confianza, lo cual jamás se cumplió.

El entonces IFE defendió la credencial de elector y se opuso al programa, mientras que desde el Congreso se habló de violaciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a la Ley General de Población (LGP) y a su Reglamento, e incluso se alertó de desvío de recursos.

El gobierno panista retrocedió y optó por reducir el plan a la emisión de cédulas de identidad para menores de 17 años, el cual se puso en marcha —ya con el fallecido Blake Mora en Gobernación— a mediados de marzo de 2011: entre globos y confeti Calderón entregó el primer documento a una niña de Baja California.

Más allá de controversias sobre derecho a la identidad y seguridad en el tratamiento de datos personales, la historia de la cédula tiene un marcado signo de pesos: la pérdida de miles de millones de pesos por urgencias, torpezas, negligencias y corruptelas. Y una inevitable cara de impunidad…

ANTECEDENTE: En la reforma electoral de 1990 –artículo 36 de la Constitución- se acordó el surgimiento del Registro Nacional Ciudadano y de un instrumento de identidad plena, papel que ha cumplido desde 1993 la credencial para votar del IFE (ahora INE).

 

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