Descartan perdón por derrame

El perdón no procede por el derrame de sustancias contaminantes a los ríos Sonora y Bacanuchi, ya que hay graves daños a la ecología, advirtió el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, en su carácter de coordinador de la Comisión del Ejecutivo federal para el río Sonora, al reunirse con diputados.

“La reparación del daño no exime las responsabilidades administrativas o penales, nunca sucede así, solamente sucede así en el ámbito penal en los delitos de querella, donde puede haber perdón del ofendido; pero esto no se trata de un asunto donde haya perdón del ofendido, estamos en la esfera de graves daños al medio ambiente, de la aplicación de una ley que aprobó la Legislatura en junio y que se está, por primera vez, haciendo valer”.

Sin embargo, el secretario de Trabajo, fue tajante ayer ante diputados al argumentar que, en apego a la ley vigente, no existen elementos para cancelar o suspender las actividades de Grupo México a consecuencia del derrame de contaminantes en los ríos Sonora y Bacanuchi.

En reunión de trabajo con los legisladores que conforman la Comisión Especial para dar seguimiento al caso, el funcionario federal también insistió que hasta ahora aún no existen elementos que permitan concluir que lo sucedido en la minera se trata de un accidente atribuible a la empresa.

Citado en su rol de responsable federal de las acciones que habrán de reparar los daños materiales, ecológicos, productivos y de salud del derrame, Navarrete Prida hizo un corte de caja sobre el Fideicomiso creado por Grupo México.Informó que hasta ahora se han canalizado 522 millones de pesos.

De esa cantidad, siete millones fueron destinados para el suministro de agua potable, y otros 42 millones para adquirir siete mil 880 tinacos que se han distribuido a las viviendas de los siete municipios afectados.

Puntualizó que se han emprendido obras por 350 millones de pesos para la rehabilitación de los sistemas de distribución y potabilización; mientras que para la reparación de daños agrícolas y ganaderos se distribuyeron 122 millones de pesos.

Se aclaró que hasta el 7 de octubre se han detectado afectaciones a la salud de 24 personas, quienes recibieron ya la atención médica correspondiente por un monto cercano al medio millón de pesos y en 17 casos se ha entregado una compensación económica. En la mayoría de los casos se trata de cuadros de dermatitis o gastritis.

Cuestionado sobre por qué no ha detenido la actividad de la mina, el funcionario federal explicó que el actual marco normativo no permite la cancelación, la suspensión o la parálisis de la actividad de la planta.

“No existe un elemento jurídico que permita decir, con rasgos de causalidad directa o indirecta, que la planta generó el derrame, y si hiciéramos eso por conveniente posición política, lo que estaríamos haciendo es violar nosotros mismos la ley a la que juramos respetar, aunque tenga el costo político que esto tenga; ése es el estado actual, esa es la realidad, eso es lo que arroja un expediente”, respondió Navarrete Prida.

El secretario de Trabajo fue reiterativo durante las tres horasque duró la sesión en la idea de que por ahora ni siquiera se puede asegurar que el derrame fue resultado de un accidente.

“Por eso siempre me he referido a este tema como ese incidente, porque no tengo en este momento elementos técnicos de calificación y desde luego no le voy a llamar accidente”, alegó.

Lilia Aguilar Gil del Partido del Trabajo y Alfonso Durazo del Movimiento Ciudadano, en el sentido de que se pretendía ahora dar trato al Grupo México de benefactor de la población afectada, el funcionario reviró: “La verdad es que ni en pesadilla pensaría que Germán Larrea puede ser el Robin Hood de Sonora. La verdad no lo veo yo así, lo veo como un empresario mexicano, como cualquier otro mexicano tiene obligación de subordinarse a la ley y que la subordinación a la ley, a la ley que existe, no a las opiniones que tengamos, es lo que nos hace que tengamos un Estado de derecho”.

Detalló que la información disponible sobre lo sucedido se obtuvo de las inspecciones en lo laboral, la hecha por Profepa y la realizada por la Secretaría de Economía.

“Lo que arroja (la investigación) es que la planta de Cananea, la planta que tiene mil 700 trabajadores y que esos mil 700 trabajadores y obreros todos los días desempeñan un trabajo digno, decente, con problemas y de riesgo, no fue la que ocasionó el derrame”, enfatizó Navarrete.

Explicó que, de acuerdo con la información reunida, el derrame se ocasionó en una zona que se estaba construyendo y que carecía de trabajadores.

Antes, en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, explicó que el caso de la niña Nicole Yáñez Mejía, quien presenta alopecia y dermatitis ya se está atendiendo.

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