Kripton Periódico Digital
Andrew Scott Hanen, juez federal de Brownsville, quien habitualmente atiende casos relacionados con la frontera, aceptó el 16 de febrero un recurso presentado por 26 estados, encabezados por Texas, para detener las medidas migratorias de Obama que regularizarían temporalmente a casi cinco millones de indocumentados.
El lunes pasado, la Casa Blanca presentó la apelación a la demanda de los 26, con lo que el Departamento de Justicia dio un plazo de dos días al juez (vence hoy) para que levante de forma temporal el bloqueo al alivio migratorio.
Pero el reciente freno a la regularización temporal de ilegales no es la primera vez que Hanen se pronuncia contra los inmigrantes. En 2013, el juez expresó su frustración al acusar a funcionarios federales de ser cómplices de tráfico de personas, en medio de la oleada de hijos de ilegales que cruzaban solos la frontera para reunirse con sus padres en Estados Unidos.
Nacido en 1953, en Elgin, Illinois, Hanen se crio en Waco, Texas. Ejerció derecho civil durante más de 20 años en Houston.
En 1992, había sido nominado como juez por el entonces presidente George H. Bush, pero la postulación tuvo que esperar a que el hijo del mandatario lograra imponerlo en el Senado casi 10 años después.
El juez llegó finalmente a la Justicia federal de la mano de George W. Bush, quien lo nominó en 2002 y desde entonces ha estado al mando de la corte del Distrito Sur de Texas.
Hanen pasó años manejando casos de terrenos usados para construir la valla en la frontera con México. Al menos dos de sus empleadas en la Corte son de origen hispano.
Abogados texanos presentaron la demanda contra el alivio migratorio en Brownsville, donde Hanen es uno de dos jueces asignados por el sistema de tribunales federales de distrito para el Sur de Texas, y a quien llega la mitad de los casos civiles que se presentan ahí. Fue asignado a esa demanda a través de un sistema que no está automatizado.
En manos republicanas
La decisión del juez Andrew Hanen, de bloquear el alivio migratorio de Barack Obama, responde a una demanda liderada por Texas y presentada el pasado 3 de diciembre por una coalición de 17 estados, a los que se le han ido sumando otros hasta un total de 26, uno más que la mitad de los 50 que integran la nación, que consideran que el presidente se extralimitó en sus poderes.
Se trata de Alabama, Arizona, Arkansas, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Florida, Georgia, Idaho, Indiana, Kansas, Luisiana, Maine, Michigan, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Ohio, Oklahoma, Tennessee, Utah, Virginia Occidental y Wisconsin, además de Texas.
La mayoría de estos estados están en manos de los republicanos, que se oponen a la acción ejecutiva y también protagonizan un movimiento en el Congreso destinado a bloquearla dejando sin presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la agencia encargada de su implementación.
EXTIENDEN VISAS
Obama “peleará” por avance
WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, prometió “pelear” contra cualquier intento de desmantelar los avances en inmigración logrados en su mandato, al volver a criticar la decisión de un juez de suspender sus medidas para regularizar temporalmente a casi cinco millones de indocumentados.
En un artículo del diario digital The Hill, Obama expresa su confianza en que todas las medidas ejecutivas que ha tomado desde que llegó a la Casa Blanca para arreglar el “roto” sistema de inmigración puedan ser implementadas.
Por otra parte, el Gobierno anunció ayer que concederá permisos de trabajo a ciertos cónyuges dependientes de los titulares de las visas H-1B.
La medida entrará en vigor el próximo 26 de mayo, indicó la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía.
La visa H-1B suele estar destinada a extranjeros especializados en una ocupación altamente cualificada o que tienen méritos excepcionales.
Bajo las regulaciones actuales, el Departamento de Seguridad Nacional no extendía el permiso de empleo para personas dependientes (con visa H-4) de los trabajadores con visa H-1B.