Propone el PAN un Sistema Nacional Anticorrupción: Xavier Azuara

El Diputado Federal Xavier Azuara Zuñiga, informó que el Partido Acción Nacional propuso ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, la creación del sistema nacional anticorrupción, a fin de que realmente se sancione a todos los funcionarios que incurran en actos indebidos.

Dijo que es urgente integrar este sistema porque en la última cuenta pública revisada por la Auditoría Superior de la Federación, sólo cuatro de 2 mil 500 servidores públicos acusados, recibieron la máxima sanción administrativa posible.

“El Sistema Nacional Anticorrupción que estamos proponiendo, viene para atacar y eliminar de raíz el cáncer que está acabando con este país”, sostuvo.

Dijo que el costo de la corrupción es alarmante, ya que de acuerdo al Banco Mundial,  nos cuesta a todos los mexicanos 1.5 billones de pesos. Esta cifra equivale al 33% del Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 o 45 veces el presupuesto de la UNAM.

Así mismo, según Transparencia Mexicana, solo para trámites básicos, las familias destinan 32 mil millones de pesos en mordidas, equivalente a casi el presupuesto de San Luis Potosí.

Agregó que la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción plantea crear un Comité Ciudadano para la ética pública, integrado por liderazgos de reconocido prestigio, con el objetivo de instalar en todo el país observatorios ciudadanosque formulen denuncias ante cualquier acto de corrupción.

De igual forma se propone fortalecer la Secretaría de la Función Pública, para que pueda ser un órgano que tenga como función principal prevenir la corrupción, en donde su titular sea designado y ratificado por el Senado de la República.

La propuesta contempla también establecer dos órganos independientes del Presidente de la República, para que sean los responsables de auditar el uso de los recursos públicos y de investigar las quejas y denuncias ciudadanas de posibles actos de corrupción.

Estos órganos serían la Auditoría Superior de la Federación, y una Fiscalía Especializada en combate a la Corrupción, que tendrán la obligación de investigar las denuncias ciudadanas y ejercer acción penal para llevar a los corruptos a la cárcel.

Por último se retiraría la facultad de sancionar a las Contralorías que dependen de los Presidentes Municipales, Gobernadores y Presidente de la República, para que sean los jueces en materia penal quienes sancionen a los servidores públicos corruptos.

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