San Luis Potosí SLP México, enero 18, 2018

Altos funcionarios de México, de los mejores pagados en la OCDE

Los salarios de los altos funcionarios del gobierno mexicano son más elevados que la de los de estadounidenses, suizos, frances, noruegos y casi todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los sueldos de los altos funcionarios mexicanos, que están solo por debajo de los secretarios de Estados, son proporcionales a cerca de 13 veces el Producto Interno Bruto (PIB) per capita del país.

Las remuneraciones de los burócratas mexicanos son solo superadas por los colombianos, según datos del estudio Government at a glance 2017, de la OCDE. En contraparte, los funcionarios menos pagados en relación al PIB per capita de sus países son los islandeses y noruegos, con una proporción menor a 4.

Abajo de las remuneraciones de los altos funcionarios mexicanos en proporción al PIB per capita del país están las de los, canadienses (8), franceses (6), suizos (4) y estadounidenses (4).

El estudio mide los niveles de remuneraciones dentro de la función pública, lo que contempla sueldos brutos, salario y dos tipos de prestaciones, seguridad social y pensiones. Y luego clasifica la paga en dos tipos de trabajadores: los D1, que son los altos funcionarios solo debajo de secretarios de Estado; y, los D2, son altos directivos solo debajo de los D1.

En promedio entre los países de la OCDE, las remuneraciones de funcionarios D1 es de casi 6 veces el PIB per capita, mientras que los de los D2 es de poco menos de 5 veces.

Los burócratas D1 ganan 27 por ciento que los D2, pero hay casos con algunas excepciones, como Estado Unidos, donde los que más ganan son los trabajadores D2 debido a que son designados políticamente, son más jóvenes y tienen menos experiencia.

En México, los funcionarios D1 ganan casi 13 veces el PIB per capita, mientras que los D2 tienen remuneraciones proporcionales a casi 10 veces.

Según datos del estudio, las variaciones entre los salarios de los funcionarios públicos se deben a las diferencias en las estructuras de los mercados laborales, los ajustes que hacen los gobiernos para mantener un equilibrio salarial y la composición de la fuerza laboral.

 

BURÓCRATAS, ¿ALTAMENTE CALIFICADOS?

Detrás de las altas remuneraciones está el valor que se otorga a estas posiciones en términos de competencias, conocimiento de las necesidades de los ciudadanos y capacidad para dirigir organizaciones del sector público.

“Se espera que los funcionarios senior en las administraciones públicas centrales sean políticamente receptivos, que tengan un conocimiento profundo de los ciudadanos a los que sirven y sean capaces de dirigir organizaciones del sector público sanas y de alto desempeño.

Su compensación (salario) es un indicador del grado de valor otorgado a estas posiciones, y su impacto en la captación y retención de individuos con altas habilidades, así como la intrínseca motivación relacionada con la naturaleza del trabajo”, se lee en el documento.

Pero en México, la percepción de los ciudadanos sobre los funcionarios del gobierno mexicano no son las que corresponden a la justificación detrás de una remuneración alta.

El 79 por ciento de los mexicanos perciben a la corrupción como un problema mayor a otros fenómenos como el desempleo y la pobreza, según el informe Anatomía de la Corrupción, un estudio elaborado por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad elaborado en 2016.

Según datos del Inegi, 8 de cada 10 mexicanos perciben a los funcionarios públicos como los más corruptos.

Cada acto de corrupción le cuesta al ciudadano 2 mil 799 pesos, en promedio, mientras que para las empresas el costo promedio es de 12 mil 243 pesos, refieren las cifras del Instituto.

“Los mexicanos perciben que la corrupción es un problema tan grande incluso por encima de la pobreza y el desempleo, que uno pensaría que son los dos problemas que más nos afectan directamente. Pues no.

“El primero es, desde luego, la violencia pero el segundo es la corrupción. Y muy dramáticamente pensamos que en cinco años vamos a estar peor. Ese es el tamaño de la deslegitimidad de nuestras instituciones”, señala María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de MCCI.

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